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Continúa minga indígena por tierra y dignidad de los sectores populares
por Luz Edith Cometa L.
Tuesday, Oct. 21, 2008 at 8:14 PM
elturbion@gmail.com
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El
pasado 12 de octubre
inició la Minga nacional de resistencia indígena y popular, y
dentro de alla la movilización de los pueblos indígenas del Cauca,
hecho con el cual conmemoraban los 516 años de resistencia y lucha
por su vida y sus derechos tras la llegada de los españoles, quienes
les quitaron sus tierras, su cultura y su autonomía. Las
razones de la
movilización, que hoy continúa, son las mismas que tuvieron
los
indígenas masacrados en 1991 en la hacienda El Nilo, cuando, por un
engaño del gobierno, se dispusieron a esperar a una comisión de
altos funcionarios que llegaría al día siguiente para hacerles
entrega de esas tierras. Sin embargo, en la madrugada, cuando
mujeres, niños y hombres indígenas soñaban tranquilos sobre un
terruño que iba a ser suyo, llegaron hombres protegidos por la
Fuerza Pública y los mataron sin discriminar sexo o edad. Fueron 21
las víctimas de ese entonces.
Tras
el reconocimiento de
este crimen por parte del ex presidente Ernesto Samper, se ofreció
dar como forma de reparación 15.000 hectáreas de tierra, sin que
esto quitara el dolor o reestableciera la dignidad de las
comunidades. Sin embargo, ni esta promesa ni los demás convenios
firmados con los diferentes gobiernos se han cumplido, luego de
múltiples movilizaciones y protestas que han contado con altas
cuotas de vidas indígenas. En 1999 se firmó, incluso, el decreto 982,
por el cual se determinaba entregar estos terrenos a las
comunidades, principalmente de origen Nasa, y de eso no se ha
entregado ni el 5%. A pesar de esto, el gobierno constantemente cita
la entrega de las mismas entre sus rendiciones de cuentas. Entre 2004
y 2006 se volvieron ha realizar movilizaciones, cada una con altas
cuotas de sacrificio indígena y campesino, todas ellas sólo con
resultados en el papel.
Los
hacendados del Cacua
y funcionarios del alto gobierno han dicho bastante respecto a la
necedad que tienen los indígenas de conseguir unas tierras que,
según ellos, no utilizan. Sin embargo, la dirigencia indígena ha
sido clara en afirmar que esta movilización no tiene como objetivo
central la entrega de tierras, ya que éste es apenas uno de los
puntos por los que luchan. En el primer congreso indígena y popular,
realizado en 2004, se determinaron 5 puntos concretos que sintetizan
las razones de la protesta indígena y que recogen a sectores
campesinos, afrocolombianos, mestizos y de trabajadores, entre otros.
Estos cinco temas, hacen parte de la Agenda de Diálogo que proponen
al presidente Uribe y a la cual éste no ha querido darle la cara.
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1.Rechazamos
los Tratados
de Libre Comercio que se han negociado y se vienen negociando con los
Estados Unidos, Canadá y los países Europeos.
2.No
más terror y
guerra. Rechazamos la política de seguridad democrática, el Plan
Colombia, la parapolítica, la guerra sucia, la represión, la
militarización de la vida social y la criminalización de la
protesta.
3.Derogación
de toda la
legislación de despojo. Las reformas constitucionales y legales, y
las leyes que privan a los pueblos de sus derechos y libertades deben
ser reemplazadas por leyes para la vida y la defensa de la soberanía
y de los derechos y bienestar de los pueblos. Particularmente urgente
es la derogatoria del Código de Minas y los Planes de Aguas.
4.Cumplimiento
de
acuerdos y convenios. A través de años de lucha, los pueblos y
procesos hemos logrado ganancias y derechos que son violentados e
ignorados, de manera continua y recurrente. Exigimos que el resultado
de estas luchas, plasmado en acuerdos y convenios, sea respetado.
5.Creación
de mecanismos
de soberanía, paz y convivencia, de modo que podamos elaborar y
hacer realidad nuestra agenda a través del Congreso Permanente de
los Pueblos.
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Ahora vuelven a reclamar
sus derechos y se ven forzados, por la respuesta violenta del
gobierno, a usar las vías de hecho, al taponar la carretera
Panamericana, que de Popayán conduce a Cali, en el punto conocido
como La María Piendamó. “Esto lo hacemos no como una forma de
vulnerar los derechos de los demás sino de hacer valer nuestro
derecho a la protesta y de encontrar una forma de ser escuchados”,
afirmó Jorge Arias, dirigente indígena.
Repitiendo
el nefasto
precedente de la Cumbre de organizaciones sociales y de la
Movilización del sur occidente, en mayo de 2006, cuando los miembros
del Esmad ingresaron a sangre y fuego al Territorio de Diálogo, Paz
y Convivencia del resguardo indígena de La María Piendamó, dejando
un comunero muerto y cientos más heridos, en esta ocasión soldados
y policías, traídos incluso del Eje Cafetero, entraron a desalojar
a los indígenas que tenían taponada la Panamericana y, disparando
contra los indígenas con sus fusiles, usando gases lacrimogenos y
explosivos artesanalaes hechos por los propios uniformados, lograron
despejar el lugar e invadirlo, no sin antes quemar las casas, las
maletas, los alimentos y todo lo que los manifestantes habían
llevado para realizar su protesta. “El Esmad se ha convertido en un
grupo terrorista, en un grupo asesino, porque nosotros tenemos
filmado y fotografiado cuando la policia dispara contra el movimiento
indígena; nosotros simplemente tenemos es unos bastones, ellos salen
con armas de fuego, con fusiles”, afirmó Dario Tote, líder
indígena kokonuko.
Como
saldo de estos
enfrentamientos se confirma por parte de las autoridades indígenas
que 95 comuneros fueron heridos, 15 de ellos de gravedad, con
impactos de armasde fuego y algunos con pérdida de uno de sus ojos.
Así mismo, Taurino Ramos Valencia fue asesinado por un miembro de la
Fuerza Pública.
Las
denuncias de los
manifestantes aseguran que hay policías que se han querido infiltrar
en su grupo de movilización, para llevar artefactos explosivos y
luego montar falsos positivos que justifiquen lo que las autoridades
y el gobierno dicen, a través de los medios monopólicos, a la
opinión pública: que están siendo infiltrados por la guerrilla de
las FARC o, incluso, que ellos mismos son guerrilleros.
El
sábado 18 de octubre
se esperaba al presidente de la República en el territorio de La
María para dialogar sobre estos temas y consolidar una agenda de
cumplimeinto. Sin embargo, él nunca llegó al Cauca y, en cambio,
envió a sus emisarios de gobierno: los ministros del Interior, de
Agricultura y de Protección Social. Ellos llegaron hasta el 'salón
de los espejos' de la Gobernación del Cauca y se hicieron escuchar
por los asistentes, entre ellos algunos indígenas diputados de a la
Asamblea Departamental y alcaldes municipales, quienes también
dieron sus opiniones, pero en ningún momento fue una reunión
oficial de la minga con el gobierno. Sin embargo, en un comunicado
posterior, el presidente dio un parte de tranquilidad y normalización
de la situación, toda vez que, según él, ya había dialogado con
los indígenas y se comprometió a comprar 1.000 hectáreas de tierra
para solucionar sus problemas.
Aún
así, la situación
no era tan sencilla como la expone el presidente, ya que los
convenios firmados con los indígenas del Cauca, luego de tantas y
repetidas luchas, no hablan de 1.000 hectáreas sino de más de
100.000. Pero, por otro lado, según el abogado Álvaro Mejía Arias,
asesor jurídico del CRIC, “en el municipio de Caldono existe una
prohibición de comprarle predios a la comunidad Nasa, además, el
Estatuto de Desarrollo Rural incluye en su articulado un veto para la
compra y no se ha podido adquirir un solo metro allí”. Por lo
tanto, la orden del presidente, con la cual se jactó frente a los
televidentes de hacer todo lo posible por cumplir a los indígenas,
queda corta ante la realidad que él, por supuesto, no desconoce. “Si
el presidente quiere cumplir, entonces tiene que derogar el Estatuto
de Desarrollo Rural y ordenar la ilegalidad y la derogatoria del POT
de Caldono”, puntualizó Mejía Arias, ante lo que él considero
como una mentira del presidente a las comunidades indígenas.
Por
otra parte, la
presencia de los uniformados en el territorio indígena es algo que
el gobierno ha dicho no tener intenciones de negociar. Mucho menos la
responsabilidad por todos los daños causados por la agresión
militar y policial. La estigmatización y represión militar contra
los pueblos originarios y la presencia de los actores armados en su
territorio son, entre otros, aspectos para los cuales no se ha dado
ninguna solución.
Ante
la constante falta
de atención por parte del gobierno y la autoridades nacionales e
internacionales, siguiendo la orientación de la comisión política
de los pueblos indígenas y con votación de la asamblea de
indígenas, el pasado domingo 19 de octubre se decidió realizar la
marcha de protesta hacía Cali, la capital del Valle, donde se unirán
con los corteros de caña, quienes adelantan una protesta desde hace
más de 45 días por dignidad laboral y salarios justos, punto
incluido en la Agenda Temática propuesta al gobierno.
A
esta marcha, que inició
hoy en la mañana desde el sector rural de Piendamó, sobre la vía
que de Popayán conduce a Cali, se unen otros sectores sociales y
populares, como las mujeres de la Ruta Pacífica, los trabajadores de
la salud, los sindicatos, las comunidades campesinas y las
afrocolombianas, que coinciden en las reivindicaciones del movimiento
indígena. Según Ayda Quilcue, consejera mayor del CRIC, “si es
necesario, iremos hasta Bogotá, con el fin de que seamos escuchados
y, para eso, contamos con el apoyo de todos los sectores que en esta
época se están dando cuenta de todas las políticas contra el
pueblo que toma el gobierno del presidente Uribe”.
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