La política antinacional de privatizar las universidades públicas mediante la desfinanciación, la asfixia presupuestal y la autofinanciación, orquestada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, empezó a mostrar sus consecuencias en la UPTC.
La situación no podría ser peor. La principal universidad de Boyacá presenta un déficit presupuestal que supera los 14.000 millones de pesos y que para el 2009 se calcula en 18.000 millones. Tan difícil de ocultar es la crisis, que hoy son evidentes las disminuciones en los recursos para las facultades, el recorte de prácticas académicas, el despido de trabajadores, la falta de elementos y modernización de los laboratorios, la enclenque infraestructura en las diferentes seccionales y el deterioro de la calidad académica.
La cada vez menor participación porcentual de los recursos del Estado en el presupuesto de la Universidad, el incumplimiento en el pago de los montos financieros que por ley le corresponden a la UPTC y las millonarias cuantías que el gobierno nacional le adeuda son las causas fundamentales de su actual crisis financiera.
Según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del MEN, en 2003 el porcentaje de los aportes del Estado respecto al presupuesto total de ingresos de la Universidad era de 75.0%. Ya para 2005 era de 66.6% y se estima que hoy ha disminuido a 63%. Si a esto agregamos la ampliación de cobertura sin recursos adicionales y los descuentos del 10% por la participación en elecciones, suma que el gobierno debe cancelar, se puede entender la crisis y la respuesta de los estudiantes, que claman por una educación de calidad que le sirva al desarrollo soberano de la nación.
El Ministerio de Educación planteó el 8 de noviembre aplicar a la UPTC la misma receta ejecutada en la Universidad del Atlántico: un préstamo condicionado a un convenio de concurrencia, aplicar la Ley 550 de quiebras y un plan de reestructuración que aumenta el valor de las matrículas hasta en 1.000%, empieza a desmontar la planta de personal docente y de trabajadores y aplica un conjunto de medidas antidemocráticas y autoritarias.
Al unísono con trabajadores, estudiantes y profesores de la UPTC y apoyados por todos los boyacenses, debemos exigir del gobierno el pago de los montos que se adeudan a la universidad y la pronta solución al déficit actual, asignando dentro del presupuesto nacional una partida adicional para tal fin y rechazando cualquier forma de financiación que esté sujeta a créditos o prestamos con el Ministerio de Hacienda o con cualquier entidad privada. La comunidad universitaria exige por sobre todo que se corrija la política en materia financiera, particularmente frente a la UPTC, y rechaza cualquier intención de cierre y de aplicar la ley de quiebras y reestructuración.
POR UNA EDUCACIÓN NACIONAL, CIENTIFICA Y DEMOCRÁTICA
