La cárcel: Otra forma de violencia contra la mujer : Indymedia Colombia

No solamente en Colombia sino en gran parte de América Latina, las mujeres recluidas son víctimas de toda clase de atropellos en lo que atañe a lo jurídico, la aplicación de las leyes, los derechos fundamentales de respeto a la persona, su dignidad e integridad. En Colombia, año tras año, las cárceles son colmadas de mujeres por diversos actos delictivos generalmente producto de una sociedad descompuesta. Y son muchas las mujeres que han cometido delitos en defensa propia o de sus hijos; delitos contra el patrimonio económico, tráfico de estupefacientes y delitos menores. Mujeres que cometieron el «delito» de pensar diferente y perseguir ideales para vivir en una sociedad más justa, son sindicadas por rebelión o terrorismo. Algunas cuentan con la fortuna de estar en las cárceles del país, otras como Sonia han sido extraditadas a las cárceles de Alta Seguridad de Estados Unidos, en condiciones infrahumanas y de total aislamiento y discriminación. La mayoría de mujeres recluidas son menores de 50 años, madres solteras o separadas que tienen a su cargo el sostenimiento del hogar.

Es un cuadro lamentable pasearse por nuestra geografía y encontrar que en todas las regiones, casi sin excepción, existen mujeres privadas de la libertad.

En Leticia 10 sindicadas y cinco condenadas. En Boyacá son 102 sindicadas y condenadas 51. Caquetá 20 son sindicadas y condenadas 15. En Bogotá son 1.283 mujeres recluidas, todas en el Pabellón de Alta Seguridad. 580 han sido sindicadas y condenadas 703. Llama la atención que en Huila, en poblaciones como Garzón, La Plata, Pitalito y Neiva hasta el mes de septiembre eran 73 las mujeres recluidas, 63 sindicadas y 10 condenadas. En el Meta, en Villavicencio, son 70 mujeres recluidas, 37sindicadas y 33 condenadas.

Un caso atípico

Tendríamos que preguntarnos qué pasa en el Guamo, Tolima, donde hay 102 mujeres recluidas, sindicadas 19 y 83 condenadas. No hay hombres recluidos. ¿Qué delitos están pagando estas mujeres?, ¿Actuaron en defensa propia o de sus hijos? La verdad hay que investigarla. ¿O será que de verdad es el único lugar de Colombia donde el hombre entiende de respeto y derechos? En la región del Cauca hay 160 mujeres en las cárceles de Santander de Quilichao y Popayán, 44 sindicadas y 116 condenadas. En las cárceles de Ipiales, Tumaco, Túquerres y Pasto hay 114 mujeres encerradas, 21 sindicadas y 93 condenadas. En Putumayo, 39 recluidas, 24 sindicadas y 15 condenadas. En las ciudades de Buenaventura, Tuluá, Palmira y Cali se encuentran privadas de la libertad 480 mujeres, la mayor parte están en la reclusión de mujeres de Cali. 230 han sido sindicadas y 235 condenadas. En la región del Norte se concentran 243 mujeres, la mayor parte en el Cesar y 30 en Córdoba, 50 en Santa Marta y 46 en Sincelejo. Solamente en Magangué y Cartagena no existen mujeres recluidas. En total hay 102 mujeres sindicadas y 141 mujeres condenadas.

En Barranquilla hay 3 sindicadas políticas y en Valledupar, en la Cárcel de Alta Seguridad, Establecimiento de reclusión especial, 92 mujeres. 16 sindicadas y 76 condenadas. En Arauca 14 mujeres, 11sindicadas y 3 condenadas. Entre Ocaña y Cúcuta hay recluidas 103, sindicadas 34 y 69 condenadas. En Bucaramanga hay 323 mujeres recluidas, 114 sindicadas y 209 condenadas. En Antioquia, 417 mujeres. La mayor parte, 375, se concentran en Medellín. 73 sindicadas., 344 condenadas. En Quibdó 13 recluidas, 9 sindicadas y 4 condenadas. Entre Manizales, Armenia, Pereira, Ibagué y Cartago, existen 569 mujeres recluidas, 192 sindicadas y 377 condenadas.

El hacinamiento, una tortura

En resumen, según las estadísticas del INPEC, hasta el mes de septiembre había 4.159 mujeres privadas de la libertad, 1638 sindicadas y condenadas 2.516. A esto se le suma el hacinamiento general de las cárceles en un 29.3 por ciento, su capacidad poblacional es de 53.909 y actualmente sobrepasa los 69.689. La mayor parte de presas políticas se encuentran en la capital del país.

«En nuestro país, en contravía con los tratados internacionales sobre tratamiento de la población reclusa, no existen instituciones diferenciadas para las mujeres que están sindicadas y aquellas que están condenadas. Para las mujeres esta situación se presenta tanto en las reclusiones femeninas como en las cárceles mixtas donde se utiliza un patio o cualquier otro espacio para albergar a las internas. La detención de mujeres en centros para varones se hace de manera improvisada, ya que sólo se aplica el criterio de mantenerlas físicamente separadas de los hombres, y el Estado no tiene en cuenta sus necesidades particulares; por esta razón no adecúan las instalaciones, el personal de custodia y vigilancia, la atención médica, la alimentación, los programas de trabajo y estudio, ni brinda posibilidades para que los hijos e hijas permanezcan con sus madres los tres primeros años de edad».

Violencia física, simbólica y sicológica

A la mujer privada de su libertad se le maltrata sicológicamente despertando sentimientos de culpa por abandonar a su familia, por haber cometido delitos contra el Establecimiento o por tener más de un compañero o una opción diferente a la heterosexualidad. Las mujeres que están recluidas en un establecimiento carcelario son desarraigadas de su familia, no pueden ejercer un control sobre la educación y formación de sus hijos, existe mucha incertidumbre, ni siquiera se puede acceder a las guarderías de manera permanente para ver a sus pequeños hijos, mucho menos con los hijos e hijas que están fuera del penal.

El personal administrativo, profesionales y las guardias intervienen moral, física y sicológicamente, un ejemplo es el siguiente testimonio: «las guardias nos gritan ¿por qué no pensaron en sus hijos antes de cometer delitos? ¡aquí ahora sí vienen a llorar!».

«La autoridad ejercida por el personal de las instituciones de reclusión se hace mediante la aplicación de sanciones y castigos, en muchos casos arbitrarios, que se fundan en criterios subjetivos como juicios de valor o el nivel de empatía de la interna con la guardia y la administración del penal. Estas prácticas que atentan contra la dignidad de las mujeres incluyen acciones como: aislamiento por largos periodos de tiempo, imposición de trabajos de limpieza sin remuneración, supresión de las visitas íntimas y familiares, investigaciones disciplinarias e interposición de informes, traslados intempestivos y/o la confinación en calabozos. También se restringen el ingreso a los espacios de trabajo y educación y los permisos de salida de 72 horas; se realizan requisas repentinas durante las cuales se decomisan objetos de uso cotidiano, como libros, radios y cigarrillos, y, en algunos casos la agresión es física contra las internas exigiéndoles que se desnuden ante la guardia ». A lo anterior se suma el sinnúmero de abusos sexuales a las internas, especialmente cuando no hay una planificación en el sistema penitenciario y carcelario, así lo confirma un informe de la Procuraduría cuando afirma: «La presencia de funcionarios penitenciarios de sexo masculino en los módulos de alojamiento y demás dependencias crea un caldo de cultivo más favorable a los abusos sexuales que si las mujeres fueran custodiadas por funcionarias».

Lo cierto de toda esta realidad de la «seguridad democrática» es que la población carcelaria sigue creciendo vertiginosamente, en los últimos diez años se ha quintuplicado el número de mujeres privadas de la libertad y de igual manera crece su discriminación y violación a los derechos fundamentales de los seres humanos. Esta situación debe servir de reflexión al resto de mujeres para crear una verdadera red de mujeres luchadoras y defensoras de todo acto violatorio, arbitrario y de discriminación contra hombres y mujeres; desarrollar políticas y proyectos que se plasmen en la Constitución Política de Colombia en aras de un futuro eminentemente humano y justo, un mundo mejor para nuestros hijos e hijas.