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¿Y las cárceles qué?
por Hugo Acero Velásquez
Thursday, Jan. 08, 2009 at 6:54 PM
¿Quién no ha oído en su vida que las cárceles son universidades del delito? Los ciudadanos, los medios de comunicación, los políticos y los funcionarios siempre han recurrido a esta frase para describir la situación de las prisiones. Se sabe que no cumplen con su fin de sancionar y rehabilitar, sino que son centros que profesionalizan a los delincuentes. Sin embargo, la mayoría de los Estados han hecho muy poco para revertir esta situación.
En América Latina, todos los sistemas carcelarios y penitenciarios han colapsado, tienen altos niveles de hacinamiento, la mayoría de las instalaciones son viejas y obsoletas, los programas de resocialización son casi inexistentes, prolifera la corrupción, los delincuentes las controlan y desde allí siguen delinquiendo y organizándose de mejor manera, como lo demuestra el poder que han tomado desde las cárceles las famosas maras (pandillas) en Centroamérica tras las detenciones masivas promovidas por las políticas de seguridad de 'Mano dura' y 'Supermano dura'; en Brasil, desde los establecimientos carcelarios, los grupos criminales Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho controlan territorios (favelas) y el negocio de la droga; en Ecuador sucede otro tanto con las pandillas 'Los netas y los 'Latin king', y en Colombia, los 'paras', guerrilleros, narcotraficantes y otros facinerosos siguen delinquiendo desde las cárceles, como se demostró con los 'paras' que fueron extraditados a los Estados Unidos.
Esta problemática hace evidente la falta de políticas criminales integrales que fortalezcan el papel de las cárceles como establecimientos de sanción, control y rehabilitación. Se puede asegurar que el sistema carcelario no existe entre las prioridades de los gobiernos latinoamericanos.
En Colombia, la política carcelaria de los últimos diez años se ha orientado solo a solucionar el problema del hacinamiento. A finales de los años 90, este llegó al 40 por ciento, y la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-153 de 1998, declaró la existencia del "estado de cosas inconstitucional en las prisiones de Colombia" y le ordenó al Gobierno elaborar un plan de construcción y refacción carcelaria tendiente a garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas. La realización total del plan debía darse en un término máximo de cuatro años, así como la separación de los internos sindicados de los condenados.
Hoy, después de incumplir los mandatos de la Corte y las metas de tres Conpes (3080, 3277 y 3412), el hacinamiento supera el 30 por ciento, no existe separación entre sindicados y condenados y los programas de resocialización son casi inexistentes, como lo estableció un informe de la Contraloría del 2008, que además encontró un año de retraso en la construcción de 11 cárceles y un sobrecosto de 88.000 millones de pesos, que, para el director de Fonade, es "normal"; sobrecostos con los cuales se podrían construir tres cárceles nuevas. Además de política, hace falta gerencia, planeación y seguimiento de los proyectos del Gobierno en esta materia. Definitivamente, le quedó grande el problema carcelario a la Política de Seguridad Democrática.
Vuelve y se repite
Con el asesinato del estudiante de periodismo, algunas autoridades y ciudadanos, consciente o inconscientemente, demeritan el caso porque "el joven estaba comprando droga". Igual sucedió cuando asesinaron a cinco personas en Ciudad Bolívar hace unos meses y el hecho pasó a menos cuando se supo que eran distribuidores de drogas y que habían sido asesinados por disputas por el control de este negocio. Bajo esta óptica, existen víctimas de primera y de quinta categoría; bajo esta óptica también se sustentaron la mayoría de los 'falsos positivos': "Porque a las víctimas nadie las iba a echar de menos". Tenemos que rescatar el derecho a la vida e indignarnos con cada muerte, independientemente de la condición social de la víctima.
Ojalá toda Bogotá sea declarada "zona de intervención especial".
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