El Estado Policíaco del Estado Autoritario : Indymedia Colombia

Desde el ex director del DAS Jorge Noguera, defendido a capa y espada por Uribe Vélez, pasando por las interceptaciones de la Sipol; sin olvidar la presencia del Coronel Santoyo en la casa de “Nari”, encargado de la seguridad de Uribe Vélez, experto en chuzadas a familiares de victimas de desaparición forzada en Medellín; sin dejar de lado la entrega de información a narcoparamilitares y la modificación de base de datos en el DAS para protegerlos hasta lo denunciado hoy por la revista Semana y Noticias Uno todo tiene una línea de continuidad.

El presidente titular de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, el presidente de la sala penal, Sigifredo Espinosa, y los magistrados César Julio Valencia y María del Rosario González, Félix de Bedout, Darío Arizmendi, director de Caracol Radio, Alejandro Santos, director de SEMANA, Julio Sánchez Cristo, director de La W, Daniel Coronel, director de Noticias Uno, Ramiro Bejarano, columnista de El Espectador, la Senadora Piedad Cordoba y el Senador Gustavo Petro.

La identidad de las víctimas de la interceptación de las comunicaciones telefónicas y de los correos electrónicos tiene un elemento común. Se trata de personas de la oposición que han tenido una mirada crítica frente a Álvaro Uribe Vélez, sea a través de un partido o a través de columnas de opinión. Otro grupo son las personas que son parte activa en la investigación judicial por los vínculos de los partidos de la coalición con Álvaro Uribe o incluso sobre su propio entorno familiar y su persona. Otros son los que desde los media han tomado distancia de sus actuaciones y finalmente quienes desde la misma orilla de Uribe se han apartado de sus huestes. Problema de seguridad es todo lo que salga del encaje uribista.

Se trata de un Estado policiaco. La libertad de expresión, la de opinión, la oposición política, la investigación judicial independiente, la búsqueda de Acuerdo Humanitario, la mínima disidencia debe ser comprendida como sospechosa, debe ser vigilada, deber ser controlada y eventualmente judicializada… aunque se podría esperar mucho más.

¿A quién beneficia tanta inseguridad del Estado o lo que ellos llaman la toma del Departamento de Seguridad del Estado, que depende directamente de Álvaro Uribe Vélez, por sectores mafiosos?

¿Es solo coincidencia que sean los opositores, los disidentes o los que tienen alguna diferencia los investigados?

¿Es solo una estrategia de desviación el que se intercepte a algunos de funcionarios de la Casa de Nariño, o es a expresión de las desconfianzas internas y las lealtades a toda prueba?

Las preguntas tienen una respuesta, la seguridad del Estado está al servicio de un sujeto, de una persona y de su círculo estrecho de total lealtad. El problema de la inseguridad del DAS es la identificación de una persona como seguridad. Un sujeto que no tiene mancha, ni pecado alguno, que es inmaculado es el mismo la seguridad. Todo lo que atente, se sospeche, se indique, se sugiera, que vaya contra tal sistema doctrinario propicia la in seguridad. La compresión obsesiva de la realidad como un todo, donde el terrorismo inocula todo; la comprensión de lo contradictorio, de lo opuesto, de lo diferente, de lo disímil como enemigo interno o en contra de las buenas costumbres es demoniaco. La seguridad del presente es la herencia reedita de la Doctrina de la Seguridad Nacional, solamente puede producir ejecuciones de civiles, interceptaciones, abusos de autoridad, guerrerismo, señalamientos, falsas acusaciones, manipulaciones, terror de Estado.

¿A qué le teme, quién está detrás de las interceptaciones? Tal vez a que se desmorone tanta fantasía y castillos en el aire, tal vez a que la podredumbre y la pestilencia del poder salga a flote… es decir, se descubra el rostro verdadero del superhombre, a eso se teme. Y no pasa nada, van cuatro y todo sigue como siempre, en exhaustivas investigaciones, en destituciones o renuncias protocolarias, la sociedad del miedo está constituida, para eso es el Estado policiaco del Estado autoritario.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Bogotá D,C 23 de Febrero de 2009