Interceptaciones ilegales : Indymedia Colombia

as recientes denuncias sobre interceptaciones telefónicas y grabaciones ilegales -que no son nuevas, y que se han denunciado públicamente en muchas oportunidades, en medio de las más rotundas negaciones por parte del Ejecutivo-, narradas por los mismos funcionarios del DAS, y que se han perpetrado contra magistrados, políticos de oposición, informadores y columnistas, nos exhiben de nuevo como un sistema en el que se han perdido en la práctica las garantías de los más elementales derechos de las personas, la libertad política de los opositores, y donde la administración de justicia no puede llevar a cabo su labor sin la injerencia arbitraria e ilícita de agentes estatales. Lo pero es que no se trata sólo de imagen, sino de hechos.

Las explicaciones del Gobierno no convencen: las funda primordialmente en el hecho de que algunos funcionarios suyos también aparecen como “chuzados”. Si ese fuera un argumento para excluir la responsabilidad del Ejecutivo, a éste le quedaría bien fácil la coartada: ordenar la interceptación de comunicaciones de los personajes considerados “blancos legítimos”, autorizando a los ejecutores de la interceptación para incluir en la “chuzada” a algunos funcionarios de la administración.

No debemos olvidar que ya hace más de un año, y en el interior de la Policía Nacional, hubo gran escándalo -que, por cierto, no concluyó en nada diferente a la extraña caída de 12 generales de ese cuerpo civil armado, sin embargo no comprometidos ni sindicados por las interceptaciones-, pues jamás pudo establecerse quién o quiénes impartieron las ordenes selectivas que fueron allí ejecutadas. Tampoco puede ignorarse que la anterior Directora del DAS renunció en noviembre a raíz de la divulgación de documentos oficiales internos, en los que se instruía al personal del DAS sobre seguimiento, interceptación y vigilancia a dirigentes del Polo Democrático. Tampoco en esa oportunidad se pudo establecer de dónde provenían los designios y las ordenes.

Como en el caso de los “falsos positivos”, muy probablemente todo culminará en el hallazgo de chivos expiatorios de rango medio y bajo y los autores intelectuales quedarán en la impunidad.

Preocupa en alto grado lo que expresaba a SEMANA una de sus fuentes: “Acá se trabaja por blancos y objetivos que puedan ser una amenaza a la seguridad del Estado y del Presidente. Dentro de esos está la guerrilla, las bacrim (bandas criminales), algunos narcos. Pero dentro de esos blancos también están, y es obvio como parte de una de las funciones del DAS, controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informada a la Presidencia. Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a Piedad Córdoba, por sus vínculos con Chávez y la guerrilla…”. “Cualquier persona o entidad que represente un eventual peligro para el gobierno debe ser vigilada por el DAS.

Y en ese orden de ideas desde hace más de un año se empezó a considerar y tratar como un “blanco” legítimo las actividades de la Corte, y algunos de sus miembros”.
¿Habráse visto semejante cosa?