Entresacando verdades : Indymedia Colombia

Ha dicho Álvaro Uribe que él jamás ha “dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas.” Alegó ser "un hombre leal que juega limpio con sus opositores y no les hago trampas”. Años atrás había dicho que no se haría reelegir, luego, que se acabó el paramilitarismo, que no se usaron emblemas de organismos humanitarios en la operación jaque, que no había llamado al magistrado Cesar Julio Valencia para preguntarle sobre el proceso, por parapolítica, de su primo Mario Uribe, que el magistrado Iván Velásquez soborna testigos en su contra, que no existe complot contra la Corte Suprema de Justicia, que no hay ejecuciones extra judiciales, que los jóvenes de Soacha murieron en combates con el Ejército, que no hay conflicto, tampoco crisis económica,…Y una ristra larga, muy larga, de falacias, entre las que se cuenta decir defender la Constitución y la ley.

No sólo miente, también ofende, cuando en la lista de personalidades espiadas, como magistrados, periodistas y senadores de la oposición, agrega a funcionarios de su Gobierno, para decir que todas ellas son personas respetables. Es necesaria tanta desfachatez al extremo, para hacer una enumeración en la que pone a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, junto con un personaje como Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia, quien se ha visto en tratos con tipejos del hampa, alias Job, en compañía de alias el curita, Jefe de la oficina de prensa de la Presidencia, justamente conspirando contra esa corte.

Curiosamente, los hilos que hilvanan las relaciones del Gobierno con la delincuencia se evidencian precisamente en las dependencias adscritas a la Presidencia, como es el Das, la propia sede de Gobierno, bautizada por aquel bajo personaje como “casa de Nari”, y la Cancillería, guarida de truhanes como Salvador Arana, Jorge Noguera, Luis Camilo Osorio, Mario Montoya, entre otros.

Decía un optimista que en toda mentira se asoma algo de verdad, y en este caso se puede apreciar, cuando, al unísono, el alto Gobierno ha dicho que las interceptaciones ilegales son obra de infiltración de mafias. Y sí, es obra de infiltración mafiosa, pero realizada desde la misma Presidencia. La composición de la coalición que llevó a Uribe al solio de Bolívar, hoy buena parte de ella en prisión o bajo juzgamiento por participar de la organización mafiosa del paramilitarismo, es el primer indicio de ello. Así como lo fue el hecho que se eligiera, de entrada, como Ministro del Interior, al decano de los delincuentes de cuello blanco, a quien se le encomendó también manejar el Ministerio de Justicia. Se ha dicho de sobra: dime con quien andas y te diré quien eres.

La forma como consolidó la coalición no habla de algo diferente, mediante el soborno se hizo con el respaldo de dirigentes venales de diversos partidos, y con la votación de la reelección presidencial, mientras para la oposición ha reservado el tratamiento de la intimidación y del chantaje. Métodos tan típicos de la mafia como el recurso a matar gente para tramitar los conflictos, sumados al desprecio por las formas, incluyendo en ellas la ley y las normas legales. Fue sobre estos “valores”, que Pablo Escobar construyó su emporio. Hay en la fundación y en el funcionamiento del uribismo muchos procedimientos de mafia que llevan a sospechar algo de verdad en la coartada de la “infiltración mafiosa”.

No es el único vestigio de veracidad. Dice el Mandatario colombiano que nunca, desde el Gobierno o fuera de él ha espiado la vida privada de las personas. Dado el carácter mendaz del Presidente, ésta frase se debe leer con sentido inverso, y sospechar que se pudo haber servido del espionaje ilegal desde siempre, incluso en los pocos lapsos cuando estuvo fuera del poder. Y si se suma a lo anterior la afirmación que él no hace trampas, leída con igual lógica, se pude sospechar que su meteórica carrera política pudo haberse hecho mediante el uso de la ventaja que se deriva del espionaje ilegal a sus adversarios. Algo que cobra fundamento si se tiene en cuenta en su paso por la Gobernación de Antioquia, el descubrimiento de una masiva interceptación ilegal de llamadas, algunas de ellas con fines asesinos(1). Más se reafirma si se tiene en cuenta que el “chuzador” superior, el entonces teniente coronel Mauricio Santoyo Velasco, fue llamado por Uribe como su jefe de seguridad, una vez posicionado como presidente, que lo mantuvo en el cargo por encima de una sanción de la Procuraduría por tales hechos ilícitos, y como si fuera esto poco, terminó premiándole con el rango de Brigadier General, en complicidad con la bancada uribista.

Espionajes ilegales no son “casos aislados” se han convertido en un delito continuado, que recurrentemente se devela. En el 2007, se descubrió un nuevo caso, Esta vez con autoría de la Policía, y que tenía como víctimas a los mismos personajes de hoy: opositores, magistrados y periodistas. Todos ellos tratados como enemigos por el Gobierno. Se ha olvidado que en ese entonces todo el Gobierno, el general Oscar Naranjo, y hasta el mismo Fiscal Mario Iguarán, arguyeron que no se trataba de “chuzadas”, sino de monitoreos, y que estos eran muy legítimos. En el 2008, se develan los seguimientos al senador Gustavo Petro, así como a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Como novedad en el escándalo modelo 2009, se tiene que entre los “chuzados” hay figuras del alto Gobierno. Eso no convierte a la administración en víctima, sino que devela la soledad del Mandatario, que ya no puede confiar ni en su grupo más cercano, al que necesita mantener controlado. Muy entendible, dado que tiene a su servicio a tránsfugas de la calaña de Juan Manuel Santos, que traicionó al liberalismo, a Andrés Pastrana, y, tarde o temprano, lo hará con Uribe. ¿Qué más se puede esperar de un equipo de trabajo construido sobre las defecciones de sus miembros a las colectividades de origen?

Ahora, ante el escándalo se toma la decisión de poner al DAS bajo la órbita de la Policía, o sea, bajo otra entidad del Estado que también hace espionaje ilegal, para beneficio del Gobierno. Lo único que falta es que llamen a Santoyo Velasco, hoy brigadier general, a que dirija la Policía.

La última escena de esta tragicomedia va por cuenta del asesor de cosas turbias, José Obdulio Gaviria. Este viene haciendo un recorrido por todos los medios de comunicación afirmando que él no es el Montesinos de Colombia, que no manda a hacer espionaje, que es decente. Y ha acusado al Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, de reuniones nom sanctas con el equipo de redacción de la revista Semana, en un restaurante en Bogotá. ¡Vaya revelación! Resulta ahora que el fiscal también es espiado, y que los informes del espionaje llegan al despacho de José Obdulio. Antes de armar semejante alharaca debería explicar ante la justicia como obtiene los datos sobre los seguimientos realizados al doctor Mario Iguarán.

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