Nuevamente se enfrenta el Gobierno
a un escándalo más de
su lamentable trayectoria de violación
de los principios democráticos. El motivo
son las denuncias de interceptaciones
abusivas e ilegales de conversaciones
telefónicas de jueces, magistrados,
dirigentes de la oposición y
personas de distintas franjas de la vida
nacional, que ha publicado la revista
Semana.
En este nuevo round (ya antes ha
habido otros) de la intromisión del
poder en la vida pública y privada de
quienes no son afectos al régimen, otra
vez es el DAS el centro del alboroto.
Este departamento, en lugar de velar
por la seguridad del país, se dedica, por
encargo de la Presidencia, a seguir y
perseguir a reales o supuestos adversarios
del Gobierno, calificados como
blancos del odio oficial en razón de sus
ideas.
Como aparente remedio a tamaño
abuso del poder, se ha decidido por una
directiva presidencial, asignar las funciones
de «chuzar» a los opositores, no
por cuenta del DAS, sino por la Dirección
de la Policía Nacional, la cual no
hace mucho fue desenmascarada y sancionada
por estas mismas violaciones
de intromisión en las relaciones privadas
de los ciudadanos y las instituciones.
Una vez más, a pesar de que en este
caso está más que notoria la grave responsabilidad
del alto Gobierno, pretende
desviarse ésta a la evidente influencia
de grupos de la mafia dentro del principal
organismo de seguridad. Y todo se
presenta como una excepcional falla en
los controles del servicio secreto.
Pero aquí lo que está al desnudo es
el carácter mismo del sistema de poder
y de sus formas políticas y jurídicas.
Estos métodos de persecución a las fuerzas
democráticas y a algunas instituciones
son de la esencia misma de la derecha
y de su forma uribista.
Un Gobierno como éste, cuya obsesión
es la guerra, se asienta en el autoritarismo,
el militarismo y la seguridad de
clase, sacrificando la democracia y pisoteando
los derechos y las libertades.
Tiene como elementos de su arsenal
cotidiano los abusos de los agentes secretos
sin ningún control. Utiliza un ejército
de soplones pagados, de informantes
mercenarios. Se pasa por la faja las
agencias extranjeras como la Cruz Roja
Internacional, y viola el territorio de
países vecinos. Todo ello en nombre de
su seguridad, que se enmascara como
democrática.
Las «chuzadas» ilegales continuarán
con o sin el DAS. Para que estos abusos
desaparezcan hay que cambiar el signo
del sistema y forjar un Gobierno democrático
donde se respeten los derechos
y las libertades de todos.
