DAS, la perla del régimen : Indymedia Colombia

En Colombia, el DAS ha derivado en aleación de policía política que evoca aquellos experimentos y mafias al servicio del crimen. A fuer de velar por la seguridad del Presidente y del Estado —misión de la Inteligencia en las democracias— en este gobierno el DAS persigue a dirigentes sindicales, a la oposición, a la prensa y a la Corte Suprema de Justicia; desprecia los derechos y libertades del ciudadano; y se ha convertido en mercado negro de información sin orden judicial para miembros del alto gobierno que la soliciten a título personal, para guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares y toda suerte de delincuentes. Cuando no son una y la misma cosa, en el DAS cohabitan agentes del paramilitarismo y quienes pusieron la seguridad al servicio de la pasión política. Se corrompió la Inteligencia del Estado. Y se politizó. Como se politizó el Ejército en el gobierno de Ospina Pérez, para abrir la tronera de la violencia.

Ante el periódico escándalo de ‘chuzados’ a granel, César Gaviria urge “destapar la mafia criminal que se apoderó del DAS”. Y no se sorprende del giro reaccionario que ha dado la entidad. Qué puede esperarse, dice, si el Gobierno considera delincuentes a sus opositores y a sus críticos, si los califica de terroristas y aliados de las Farc. El Gobierno ha tratado de delincuentes también a los magistrados de la Corte Suprema que llevan los casos de parapolítica. Siete de los nueve magistrados que acometen esos procesos han sufrido todo tipo de amenazas, atropellos y montajes. Aquellos se declaran espiados por miembros del DAS, en un procedimiento que “no les parece inconsulto”, y configura “un complot que busca entorpecer sus labores”. Conminan al Gobierno a revelar quiénes, desde sus propias filas, ordenan ‘chuzar’ y con qué oscuros propósitos.

Urge convertir al DAS en una agencia de carácter civil, estratégico, profesional y apolítico que elabore información y análisis enderezados a garantizar la seguridad del Estado y el imperio de la democracia. En abono de esa misión, hay que distribuir el trabajo de inteligencia entre entidades distintas, si bien coordinadas, para evitar la concentración de poder en una sola. Para prevenir la formación de una policía secreta, es preciso separar la Inteligencia de la policía, y de la investigación criminal. Como agencia civil de inteligencia estratégica, el DAS debe ser independiente de las Fuerzas Militares y de Policía. Delegar en otros las tareas que no sean estrictamente de Inteligencia. Como ésta puede emplearse para bien o para mal pues se basa en el secreto, requiere estricto control democrático y parlamentario. Han de vigilarla el gobierno, la justicia, el Congreso, los órganos de control, los partidos, la prensa.

Reforma inaplazable que no se compadece con la paupérrima y descaminada “solución” del Presidente de entregarle a la Policía la facultad de ‘chuzar’, cuando esa fuerza viene de cometer el mismo delito que hoy pesa sobre el DAS. Más parece un recurso de distracción para no tener que meterle la mano al DAS. Cualquiera se pregunta, entonces, si el caos, la politización y el delito que campean en esta institución son fruto de la indiferencia del Gobierno o si obedecen a una política oficial.

© El espectador

EL ÚNICO ESCÁNDALO QUE LE FALtaba al país, después de los sucesos que se descubrieron en las últimas semanas cuando quedó en evidencia que la agencia de inteligencia que está al servicio del Presidente espía a la oposición, a los periodistas y a los magistrados de la Corte Suprema, es que el ‘ideólogo’ del Primer Mandatario, archiconocido por sus agresivas alusiones a la prensa independiente, ande vigilando a la medianoche, por sí o a través de terceros, al director de la revista que acaba de revelar los actos delictivos de los agentes secretos.

Jactancioso como suele ser, este particular sin funciones legales de investigación no sólo no se avergonzó de su conducta violatoria de las normas constitucionales que garantizan la privacidad y el derecho a la libre reunión, sino que usó otro medio de comunicación para “denunciar” con quién cenó, qué comió, cuáles bebidas consumió e incluso cuáles temas de conversación sostuvo Alejandro Santos con sus tertulios. Se atrevió incluso a sugerir que el Fiscal General, éste sí investigador oficial del asunto publicado por la revista, estaba “vendiendo” información. No presentó pruebas. Se limitó a justificar su sinuosa deducción utilizando, para descrestar calentanos, el terminacho “beduismo” que significaría “hacer una relación de motivaciones perversas” ¡Hágame el favor! ¿Cómo recibiría esa explicación un juez, si la argumentara uno de los muchos columnistas denunciados hoy por injuria y calumnia? El artificio verbal no extraña. Si ya no puede cualquiera sentarse a la mesa con quien le venga en gana, no hay que esperar que se le dé cumplimiento al deber de proteger la honra y el buen nombre de los demás. Salvo que se trate de uno mismo o de sus defendidos.

Bueno, y, ¿por qué tanta alharaca? ¿No han asistido los altos empleados de Palacio o los Ministros a reuniones sociales con periodistas en estos siete años? ¿No han “libado” ni cenado con nadie? Que yo recuerde, fui a dos comidas con José Obdulio Gaviria. Y eso que no soy de su círculo de amistades, ni mucho menos de su agrado. A propósito, se trataba de cenas en casas de periodistas. Nos ofrecieron generosos platos y además bebidas alcohólicas, entre otras razones, porque no estábamos en Irán. Nadie se pasó de copas, como para ir aclarando las cosas. Tampoco a nadie se le ocurrió decir que Gaviria nos estaba “vendiendo” datos o que nosotros se los estábamos “comprando”. He visto en muchas ocasiones a ministros y secretarios cercanísimos al Presidente en restaurantes y eventos sociales al filo de la medianoche, con directores de medios y presentadores, grandes amigos los unos de los otros. Menudo conflicto de convivencia tendríamos si se aceptara la alocada tesis del ayatollah criollo.

Pero, ¡qué rara coincidencia! Mientras se cuestiona al Fiscal actual por un encuentro en sitio abierto con la gente de Semana, se pretende postular para reemplazarlo a Edmundo del Castillo, que se reunió en secreto y sin justificación política o jurídica con alias Job (de la banda criminal de Don Berna), quien llegó por los sótanos de la Casa de Nariño dizque para entregar “pruebas” contra la Corte “chuzada”. No hay que dejarse confundir. Aquí la preocupación no es quién come con quién. El asunto de fondo es cómo se intimida al investigador, a los periodistas y, de paso, a sus fuentes. Es una advertencia para quien hable. El nombre del juego es la ley del silencio. Omertá, que llaman los italianos.

LA COSECHA DE ESCÁNDALOS DEL gobierno Uribe se ha reactivado en las últimas semanas.

Y de nuevo la estrategia frente a los cuestionamientos de la opinión ha sido la de pasar por alto las explicaciones y atacar a quienes exigen respuestas a hechos tan graves.

No se entiende por qué José Obdulio arremetió contra la revista Semana, su director y el Fiscal, por qué le parece que raya en el delito que almorzaran y por qué se deja en el ambiente que el problema más que se intercepten ilegalmente las comunicaciones es que los medios divulguen grabaciones comprometedoras. Tampoco se entiende por qué el Gobierno fue tan laxo con los funcionarios del DAS, cuando ha sido implacable a la hora de destituir altos oficiales del Ejército y la Policía. Muchas preguntas quedan en el aire y hacen sospechar que el escándalo no va a acabar esta semana.

Lo primero que uno se pregunta es la razón para que ciertos miembros del DAS decidieran contar la historia de las interceptaciones a Semana. Algún tipo de descontento o desacuerdo muy grande debió haber explotado entre detectives, funcionarios y demás implicados para que se dieran las delaciones a la prensa. No ha debido ser un asunto menor toda vez que cualquiera que esté implicado en la red de interceptación sabe muy bien que cualquier desconfianza se puede pagar con la vida. Acaso, ¿esa no es la forma como las ‘redes mafiosas’, tal como la llamó el Gobierno, resuelven sus disputas?

Lo segundo que uno se pregunta es qué teme el Gobierno que se sepa. Si bien las revelaciones de Semana hablan de venta de información a cualquiera que pagara por ella, desde narcotraficantes a guerrilleros y paramilitares, la revista también revela que varios de los principales clientes eran funcionarios de la Casa de Nariño. No se entiende qué interés tendría El Loco Barrera o el Mono Jojoy en ‘chuzar’ el teléfono de Iván Velásquez, Gustavo Petro o Ramiro Bejarano. Si alguien tenía razones para chuzarlos a ellos, y a muchos otros de la lista, era exclusivamente el Gobierno. No creo, además, que las interceptaciones sean una acción espontánea de miembros del DAS por el talante o el estilo presidencial al estigmatizar como terroristas a cualquiera que se interponga en sus planes. Eso puede contribuir a legitimar lo que hicieron, pero no es suficiente. A quién chuzar y qué información se requiere recolectar debió haber partido de órdenes expresas y directas de los interesados.

La última pregunta que queda en el aire es qué va a pasar con las implicaciones que tiene el caso en el tema de libertad de prensa. El trabajo de reportería se hace principalmente a través de fuentes que deben ser protegidas por el anonimato. En adelante las diferentes fuentes van a ser reacias para surtir de información a los periodistas dado el riesgo de ser identificados en una llamada telefónica o un correo electrónico. Toda la infraestructura para producir noticias que denuncien la corrupción y la violencia política, que tanto daño le hacen al país, corre el riesgo de desmantelarse. Por eso no se entiende por qué José Obdulio acusa a Semana de vender a sus fuentes cuando lo que debería defender son los principios elementales de la libertad de prensa.

Adenda: inaceptable la versión del sindicalista Juan Efraín Mendoza para explicar su presencia en el campamento de las Farc. Si la izquierda no la rechaza, está legitimando la inocencia de media clase parapolítica.