A estas alturas, el alto Gobierno no puede negar su responsabilidad en el desempeño criminal del DAS. De lo contrario, ¿quién es, si no, el responsable? ¿El Congreso? ¿La oposición? ¿Chávez? ¿Las Farc? ¿Las 'manzanas podridas' de siempre? ¿Dónde recae la responsabilidad, especialmente cuando se trata de acciones ilegales que persiguen objetivos políticos? ¿Quién se beneficia de esta información que el DAS obtiene ilegalmente? ¿Quién está en capacidad de ordenar los seguimientos sin autorización judicial?
Son años de escándalos, pero Colombia no ha sido capaz de situar la responsabilidad en ninguna parte y estos crímenes siguen ocurriendo con total impunidad. ¿Por qué? ¿Acaso la actividad del DAS (y del resto de agencias con mandato para recabar información de inteligencia) es tan indescifrable y compleja? ¿Con qué pruebas contamos para afirmar que las 'chuzadas' no hacen parte de una política de Estado? ¿Cuál es el estándar para definirlas como una política de Estado, que se reúna el Consejo de Ministros y deje constancia en actas de las autorizaciones?
El Ministerio de Hacienda ha estado suministrando información confidencial sobre las actividades de magistrados y miembros de la oposición porque, según ellos, asumieron la 'buena fe' del DAS. ¿Buena fe? ¿En dónde queda el Ministerio, en Marte? ¿No sabían que el DAS lleva años protagonizando escándalos por las interceptaciones ilegales? ¿A quiénes más ha estado suministrando información el Ministerio sin orden judicial?
Además de estar investigando las conexiones narcoparamilitares de políticos y familiares cercanos al Presidente de la República y a miembros del alto Gobierno, ¿cuáles son exactamente los criterios que definen a los magistrados de la Corte Suprema como objetivos legítimos de inteligencia? ¿Cuáles son los criterios que los han llevado a definir igualmente a la oposición como un objetivo de inteligencia?
Especialmente, la persistencia de estas actividades criminales, a pesar de las constantes destituciones de funcionarios, sugiere que no se trata de hechos circunscritos a la voluntad de unos sujetos que se tomaron la institución y la manejaron a sus anchas y sin controles. Ninguno contaba con el nivel para autorizar seguimientos de forma masiva y sistemática sin el conocimiento, la autorización y la supervisión de alguien muy por encima suyo. Lo que es claro es que se trata de un asunto estructural y que la responsabilidad llega al más alto nivel.
Un órgano de inteligencia del Estado, legalmente bajo la dependencia directa del Presidente de la República, está en el vórtice de las 'chuzadas', los seguimientos, las intimidaciones, las amenazas de muerte, los chantajes con asuntos de la vida privada.
Independientemente de su naturaleza criminal, estos hechos alcanzaron ya un objetivo superior: aterrorizar. ¿Cuánto más podrán los jueces sostener su independencia en estas condiciones de acoso y amenaza permanente a la vida propia y de la familia? ¿Cómo hacer oposición sin garantías? ¿Cómo ejercer libremente el periodismo?
Es un hecho. En Colombia ya no hablamos de la captura del Estado por parte de organizaciones criminales y de gremios legales que buscan imponer sus agendas por encima del interés general. Hoy hablamos, como lo han sugerido Luis Jorge Garay y otros analistas de su tenor, de una verdadera reconfiguración del Estado. En esa medida, la reelección no es solo un atentado contra los principios y el espíritu de la Constitución de 1991, es una prueba de que el daño ya está hecho.
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