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Bananeros: La huelga de la dignidad político-sindical
por Guillermo Rivera Zapata Tuesday, May. 19, 2009 at 9:39 PM

Esta es la huelga de la dignidad político-sindical, porque mientras en una negociación colectiva lo normal es que se defiendan las propuestas planteadas en el Pliego de Peticiones, la ofensiva política de los empresarios ha hecho que SINTRAINAGRO deba proteger las conquistas adquiridas y oponerse radicalmente a la pretendida apertura de las cooperativas de trabajo asociado y/o la tercerización remunerada, en ambos casos en condiciones por debajo de las mínimas definidas por la OIT como Trabajo Decente.

Las trabajadoras y trabajadores bananeros nos encontramos frente a una huelga instigada y preconcebida por los empleadores y las comercializadoras, con la falsa argumentación de que las consecuencias en el sector de la crisis económica global les impiden asumir las demandas de nuestro Pliego de Peticiones.

Sustentando semejante falacia, dilapidaron el tiempo definido por la ley para la negociación directa y se negaron a una prórroga del diálogo como lo establece la misma ley, empujando al Sindicato hacia la etapa de prehuelga sobre la base de cálculos errados. Pensaron que, atemorizados por la intensa campaña que efectuaron por los medios de comunicación radiales y escritos de la región, los trabajadores y trabajadoras no votarían la huelga, pero la respuesta fue contundente: 97,3 por ciento de los votos fueron favorables a la huelga.

La solidez unitaria del Sindicato y de su Dirección en la conducción del conflicto desubicó a los voceros empresariales en la Mesa de Negociación, quienes terminaron ofreciendo el triste espectáculo de su división interna, confirmando una vez más que ellos son los únicos responsables de la huelga y, por lo tanto, no serán los trabajadores y trabajadoras quienes paguen sus costos económicos y políticos.

Escudándose tras fingidos efectos de la crisis mundial, las empresas bananeras pretendieron poner presión psicológica sobre el Sindicato para justificar su reclamado cambio en la modalidad de contratación de trabajadores y trabajadoras, y la exclusión de un importante número de tareas de la Convención Colectiva en lugar de incorporar las que está pidiendo el Pliego de Peticiones.

La realidad es que el sector productivo agrícola que menos puede lamentarse y argumentar una crisis es el bananero, pues cuando a fines de 2008 el dólar tuvo una desvalorización importante, el gobierno lo subsidió en varias oportunidades para paliar la caída en precio del producto, junto con el dólar. Pero cuando éste repuntó a tal extremo que estuvo bordeando los 2.800 pesos (1,2 dólares americanos aproximadamente), el incremento de las utilidades por exportación de banano fue enorme, a lo que se agregó una ganancia aún mayor pues mientras subía el dólar también caía estrepitosamente el precio del petróleo, lo que significó una rebaja inesperada en los costos de los insumos químicos para fumigaciones, el combustible y otros menesteres inherentes a la producción del banano.

Los empresarios bananeros organizados en AUGURA apostó a la generación del conflicto con el objetivo irresponsable de destruir al Sindicato. Para eso tomó varias acciones:

* rompió la única negociación colectiva que existe en Colombia en el sector privado y agrícola por rama de industria;
* retuvo mezquinamente la última quincena salarial para confrontar a los trabajadores con la organización sindical;
* influenció y manipuló la oficina de la Dirección Regional del Ministerio de la Protección Social, cuya funcionaria, Fanny Wilches, emitió resoluciones y cartas autorizando la contratación de cooperativas y trabajadores temporales, con el pretexto de darle mantenimiento a las fincas, planteo rechazado por el Sindicato y denunciado ante la Procuraduría General por constituir un abierto y descarado prevaricato.

Nos parece revelador del talante de las empresas en este conflicto, detallar las últimas horas del mismo y los hechos inmediatamente posteriores.

La mesa de negociación que había comenzado a sesionar a la hora 0 se disolvió a las 4 de la mañana, y a las 7:30 la directora del Ministerio de la Protección Social ya estaba convocando al Sindicato para advertirle que autorizaba el trabajo de contratistas e informar sobre las penalidades si el sindicato se oponía. Pero además, supuestamente en las tres horas apenas transcurridas ya había obtenido un voluminoso estudio del Instituto Colombiano Agrícola (ICA), en el cual pretendidos técnicos definían qué tareas debían realizarse (un 90 por ciento de las actividades productivas) para evitar el deterioro de las fincas por razones de huelga. Esto prueba de manera flagrante cómo la mediocre funcionaria hizo equipo con los empresarios, en su afán de romper la huelga e intimidar al Sindicato con imaginarias sanciones.

Esta trama y acción premeditadas y coordinadas entre empresarios y la oficina del Ministerio de la Protección Social en Urabá no prosperó ni prosperará, pues los trabajadores y trabajadoras han asumido el control pleno de la huelga junto con la dirigencia.

Sabemos que uno de los asuntos claves a tener en cuenta en la Convención que se firmará es dejar sentado el precedente de la defensa inquebrantable no sólo de los derechos socioeconómicos que merecen los trabajadores y trabajadoras por su fuerza de trabajo, sino también de la dignidad político-sindical, de la vigencia de la institucionalidad sindical y de la Convención Colectiva como herramientas fundamentales en la búsqueda de una relación equilibrada y con equidad social entre capital y trabajo.

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