Drama afrocolombiano : Indymedia Colombia

DIFÍCILMENTE podría ser más crítico el cuadro presentado por varias organizaciones no gubernamentales en torno de la situación que atraviesa la población afrocolombiana.
En el marco de los distintos actos que se celebraron en los últimos días, con ocasión de la llamada Semana de la Afrocolombianidad, los informes presentados son muy preocupantes.

Por ejemplo, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) informó que los afrodescendientes son la cuarta parte de todos los nacionales forzados a salir de sus lugares de origen. Esto convierte a esta franja poblacional en la minoría étnica más afectada por este fenómeno.

Paradójicamente ese dato no termina siendo el más dramático. Según Codhes, el 98 por ciento de los afrocolombianos vive bajo la línea de pobreza. Dos ejemplos de la gravedad de esta situación se pueden encontrar en Tumaco y Buenaventura, ya que allí las personas de raza negra no sólo se ven cercadas por la miseria y el abandono estatal, sino que son blanco de las violencias cruzadas que se derivan del accionar del narcotráfico, la guerrilla, el rebrote paramilitar y otro tipo de organizaciones delincuenciales de distinto espectro. No hay que olvidar cómo días atrás el Gobernador de Nariño lanzaba un llamado de auxilio para tratar de frenar la escalada de violencia que se está tomando la capital departamental y que este año ya marca un récord en materia de tasa de homicidios. Algo similar pasa en el puerto vallecaucano, en donde la guerra cruenta entre los distintos actores del conflicto tiene a algunos sectores suburbanos de ese municipio prácticamente sitiados. Lo más grave es que los jóvenes afrodescendientes no sólo son el grueso de las víctimas de la ola criminal, sino que una porción de ellos terminó alineada en los bandos enfrentados. Las cifras de asesinatos, desplazamiento forzado, reclutamiento ilegal, desapariciones y capturas así lo confirman.

A todo lo anterior debe sumarse que pese a los avances en materia de legislación y castigos, la discriminación de las personas de raza negra aún sigue vigente, no sólo en materia social sino también en el campo económico, educativo y laboral, entre muchos otros. Miles se ven forzadas a trabajar por salarios injustos o terminan engrosando los ‘ejércitos’ de vendedores ambulantes y subempleados. Las mujeres y los niños continúan siendo las principales víctimas de todo este drama. Una buena parte de los hogares afrocolombianos tiene como cabeza sólo a las madres. Si bien es cierto que la legislación vigente ha permitido frenar el despojo de las tierras ancestrales de la población de raza negra, miles de hectáreas arrebatadas a punta de sangre y fuego aún no han sido devueltas.

Es obvio que el atraso estatal para proteger a las gentes de raza negra es el principal responsable de todo este menú de anomalías y atropellos. Los diagnósticos ya están y prueba de ello es la identificación de las nueve barreras ‘invisibles’ para el avance de la población afrocolombiana, palenquera y raizal. Ese programa gubernamental pretende movilizar tanto a las instituciones públicas como privadas del país para hacer frente a problemáticas que van desde racismo, discriminación, exclusión social y la baja participación y representación de esta población en espacios políticos e institucionales de decisión, así como la desigualdad en el acceso al mercado laboral y las deficiencias en materia de seguridad jurídica y de los derechos de propiedad de los territorios colectivos.

El cuadro, se reitera, es bastante crítico. La génesis de todo este drama es centenaria. Los avances se han dado en las últimas décadas pero aún existe un gran tramo de planes y programas pendientes de concretar. Obviamente suplir todas las necesidades básicas insatisfechas de esta minoría étnica es imposible. Sin embargo, el Estado debe acelerar las estrategias para, al menos, tratar de nivelar su situación con el resto de franjas poblacionales que hacen parte del conjunto nacional colombiano. Ese, en últimas, termina siendo el gran reto.