El miercoles 11 de junio hacia las 11:00 a.m. en reunión con el Gobierno Nacional de seguimiento de Medidas Provisionales del Jiguamiandó y Curvaradó, se informó que la policía de Urabá estaba adelantando los trámites de desalojo a la comunidad de Caracolí ,ordenado por la jueza promiscua de Riosucio.
“… venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Oprimen y humillan a los pobres y se niegan a hacer justicia a los humildes” Amos 2, 6-7
* Miércoles 11 de junio hacia las 11:00 a.m. en reunión con el Gobierno Nacional de seguimiento de Medidas Provisionales del Jiguamiandó y Curvaradó, se informó que la policía de Urabá estaba adelantando los trámites de desalojo a la comunidad de Caracolí - Curvaradó ordenado por la jueza promiscua de Riosucio – Chocó ERCILIA GONZALES MORENO para ejecutarse próximo jueves 18 de julio.
Esta decisión la toman después de que el Tribunal Superior del Distrito de Quibdó, el 20 de mayo del presente año, decidió negar la acción de tutela interpuesta por el viceministerio del Interior y Justicia, en la que se demostraba que las tierras en que habita la comunidad de Caracolí pertenece al territorio colectivo de esa cuenca, conforme se deriva de las verificaciones adelantadas en junio de 2008 y 17 de febrero de 2009.
Adicionalmente el juzgado por iniciativa propia y haciendo solo comparecer a la familia ARGOTE, realizó una inspección judicial de carácter privado, que no tuvo en cuenta las resoluciones 2809 del 2000 y 2424 de 2007 expedidas por el INCODER y las verificaciones realizadas, en las que se reconoce que Caracolí forma parte del título colectivo del Curvaradó. Estos elementos hacen que la sentencia de la Juez de Riosucio que ordena el desalojo, y que protege un predio individual empresarial ilegal, sobre un predio colectivo comunitario legal, desconozca elementos de prueba notorios y determinantes que hacen que sea una Vía de Hecho, donde se violan derechos fundamentales (debido proceso, vida, dignidad, trabajo y mínimo vital básico, territorio) protegidos por la constitución, generando un nuevo desplazamiento forzado y un perjuicio que no podrá ser remediado. De manera reiterada, la comunidad de Caracolí ha venido siendo objeto de agresiones por parte los ocupantes de mala fe de la empresa LA TUKEKA propiedad de CLAUDIA ARGOTE y ANTONIO ARGOTE en los que han sido destruidas plantaciones de plátano, arroz y yuca de las que dependía la seguridad alimentaria de las familias de esta comunidad de la cuenca del Curvaradó.
Llama poderosamente la atención que una instancia del mismo gobierno, el Viceministerio del Interior, haya tenido que interponer una acción de tutela contra una decisión arbitraria de una juez en el municipio de Riosucio y que el Tribunal Superior del Distrito de Quibdó haya desconocido soportes como las resoluciones e informes que prueban que CLAUDIA ARGOTE y ANTONIO ARGOTE son ocupantes de mala fe.
Solicitamos:
1. Comunicarse con la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura Dra. María Mercedes López para solicitarle que la sala disciplinaria investigue la actuación de la Jueza Promiscua Municipal de Riosucio Chocó en la que ordena el desalojo de los verdaderos propietarios de las tierras de Caracolí –Curvaradó en beneficio de los ocupantes de mala fe, como lo ha reconocido el propio gobierno colombiano.
2. Comunicarse con el Vicepresidente de la República Dr. Francisco santos y con el Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Dr. Carlos Franco, requiriéndoles que soliciten a la policía nacional no ejecutar la orden de la juez Promiscua Municipal de Riosucio de desalojar a los legítimos propietarios de los territorios de Caracolí, a favor de los ocupantes de mala fe, Claudia Argote y Antonio Argote.
