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Mapiripán 12 años. ¡Que no se olvide, que no se repita!
por Camilo Raigozo. Voz
Thursday, Jul. 16, 2009 at 1:33 PM
cra8329@gmail.com
Este fin de semana cuando se cumplen 12 años de impunidad de la demencial masacre, el homenaje a las víctimas se realizará pese a las amenazas de los ‘paras’ contra los promotores y participantes. El régimen de Uribe deberá responder por cualquier agresión contra algún integrante de la caravana
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El martes 15 de julio de 1997, en lanchas por el río Guaviare y camiones y camperos por la trocha ganadera, llegaron unos 200 paramilitares a Mapiripán, Meta, provenientes de Urabá, departamento de Antioquia, cuyo gobernador era Álvaro Uribe Vélez. Incomunicaron y sitiaron al pueblo y sus alrededores.
Al día siguiente, miércoles 16, recorrieron casa por casa y en las horas de la noche comenzaron a llevar gente al matadero, en donde la asesinaron luego de someterla a abominables torturas.
"Auxilio, auxilio, Agustín, no me dejes matar así", recuerda los gritos, Leonardo Cortés, juez promiscuo en ese momento de Mapiripán, quien aterrorizado observó por una rendija de su casa durante varias noches, cómo fueron llevadas al matadero al menos 26 personas.
Con las manos amarradas a la espalda las torturaron, las apuñalaron en el vientre de abajo hacia arriba, les dieron un machetazo en el cuello y por último descuartizaron a la mayoría y arrojaron sus cuerpos al río Guaviare. Según declaraciones a la justicia de paramilitares y militares, entre estos, Salvatore Mancuso, máximo jefe de la Auc y el ex general Jaime Humberto Uscátegui, ex comandante de la Séptima Brigada del ejército, para cometer la demencial orgía de sangre, los paramilitares contaron con la complicidad del ejército, la policía, algunos habitantes, funcionarios públicos y asesores estadounidenses.
El 15 de septiembre de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la colaboración de miembros de su ejército con los paramilitares en la masacre.
Caravana y amenazas de paramilitares Más de 300 personas pertenecientes a al menos 37 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos nacionales y extranjeras, realizarán este fin de semana la Caravana de la Memoria por la Vida y la Paz, la cual llegará hasta el sitio donde se perpetró la barbarie, en homenaje a las víctimas, a los familiares y a los desplazados, de la masacre de Mapiripán, ocurrida entre el 16 y el 20 de julio de 1997. Ante este acto de dignidad, resistencia al olvido y lucha contra la impunidad, las amenazas de los paramilitares no se hicieron esperar.
El pasado 5 de julio, a las 4:33 pm., llegó una amenaza firmada por las “Águilas Negras de Bogotá Bloque Mayor”, al correo electrónico del dirigente de la Coordinadora Nacional de Desplazados, CND, Rigoberto Jiménez, en la cual declaran “objetivo militar” a los organizadores y participantes de la Caravana y en la convocatoria a la Gran marcha Nacional de los Desplazados, a celebrarse el próximo 17 de Julio en el país.
“(…) Todas las personas que acompañen a este terrorista ese día (caravana hasta Mapiripán), serán declaradas objetivo militar por las águilas Negras Bloque Mayor de Bogotá”, dice un aparte de la amenaza, que más adelante la extiende a las organizaciones que vienen acompañando el proceso, específicamente, a las personas que trabajan directamente en la Mesa: “(…) al igual que los que están preparando la marcha de Mapiripán, también serán objetivo militar por nosotros. Se les llega el momento, sí no antes de la movilización, no se escapan de la marcha de Mapiripán”. “El hecho de que grupos paramilitares intenten dar al traste con este ejercicio de dignidad y memoria para las decenas de víctimas del Estado colombiano, es un síntoma del modelo de sociedad que, al día de hoy, pretende recoger los frutos de aquella oleada de sangre y fuego a partir de la cual se echaron las bases al modelo económico, político, social y territorial, pomposamente denominado ‘seguridad democrática’”, dice un comunicado emitido por las organizaciones.
Al mismo tiempo e exigieron al Presidente el respeto y la garantía de la vida y la integridad de cada una de las personas que intervienen en las diferentes actividades.
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