Las 123 familias deslojadas ilegalmente de Las Pavas denuncian : Indymedia Colombia

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 20 de noviembre de 2009

Las 123 familias afiliadas a la Asociación de Campesinos del Corregimiento de Buenos Aires ASOCAB del municipio del Peñón, sur del departamento de Bolívar, hemos construido una comunidad cristiana que contribuye a la construcción de la paz de nuestra región y exige sus derechos. Hace tres meses y medio, fuimos víctimas de un desalojo ilegal tras ejercer posesión del predio las Pavas desde 1997. Hoy seguimos insistiendo en nuestra apuesta por permanecer en el territorio, afirmar nuestro derecho a la soberanía alimentaría y a proteger el medio ambiente.

Agradecemos el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales, y nuevamente queremos ponerlos al tanto de la crisis humanitaria que sufrimos tras el tercer desplazamiento forzado de que somos víctimas, esta vez a manos del Estado colombiano.

INACCIÓN ESTATAL ANTE EL DESALOJO ILEGAL

El Gobierno en sus niveles local, regional y nacional, ha guardado silencio sobre la ilegal actuación de funcionarios públicos que concluyeron con nuestro irregular desalojo el 14 de julio de este año. A pesar de su evidente ilegalidad, abandonamos el predio pacíficamente, sin ningún tipo de confrontación y sin que se nos permitiera tan siquiera cosechar los alimentos que con tanto esfuerzo habíamos sembrado. Unas cosechas fueron consumidas por los trabajadores de las empresas Palmeras CI Tequendama y Aportes San Isidro del grupo Daabon, y el resto fue quemado y arrasado con maquinaria pesada. La empresa Daabon, de la familia Davila Abondano de Santa Marta, subministra aceite de palma al grupo internacional de cosméticos The Body Shop para la fabricación de sus productos.

Vale la pena informar también que la familia DAVILA ABONDANO, propietaria del grupo DAABON al cual pertenece la firma C.I Tequendama, recibieron recursos por más de 1300 millones de pesos no reembolsables mediante el programa Agro Ingreso Seguro, hoy cuestionado políticamente, e investigado por las autoridades, por las irregularidades encontradas, en la cual se resalta, la falta de transparencia de esta familia al subdividir predios para poder acceder a varios cupos de dicho programa.

CRISIS ALIMENTARIA

Estamos en un estado de completa inseguridad alimentaria y crisis nutricional, sin tener donde producir nuestros alimentos, viéndonos obligados a recurrir a la asistencia alimentaría que nos han brindado de manera puntual algunas organizaciones internacionales, con ausencia de intervención estatal. Esta situación no puede ser permanente, ya escasea la comida. En nuestra comunidad hay 191 niñas y niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, que estamos sufriendo por falta de alimentos. Queremos producir nuestros alimentos, porque eso es lo que hemos hecho toda la vida, pero no tenemos tierra para cultivar. Los cultivos de palma aceitera en las Pavas y en el municipio de Regidor, al fin de cuentas, están acabando con el pequeño campesino y han impuesto una vocación distinta a la vocación histórica del territorio, donde por años hemos cultivado como campesinos.

CRISIS SANITARIA

La crisis también es sanitaria, pues no tenemos acceso a los servicios de salud y el centro médico mas cercano se encuentra a tres horas por río de nuestra vereda. Cuando alguien de nuestra comunidad se enferma, no tenemos como desplazarnos al centro médico.

CRISIS POR LA VIDA Y LA INTEGRIDAD

Vemos con frecuencia a la fuerza pública, acompañando a las empresas palmeras y nos tratan como si nosotros fuéramos peligrosos delincuentes, o gente de otro país. Nos ven con desconfianza y no nos dejan acercarnos a lo que legítima y legalmente nos pertenece, nuestro territorio. Cuando en realidad son ellos que andan con delincuentes, como es el caso de MARIO MÁRMOL MONTERO. Éste señor, reconocido paramilitar, trabaja con las empresas, esta armado y cuando se pone a tomar en el pueblo de Buenos Aires, hace disparos para intimidar a la población.

Sentimos temor por nuestras vidas, porque sabemos que hay presencia de grupos paramilitares en la zona. En el pasado, estos grupos nos amenazaron de muerte. Nos desplazaron de nuestras tierras. Hemos aprendido que el que denuncia la injusticia, está arriesgando su vida.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales y extranjeras, eclesiales, de iniciativas de paz, humanitarias y de procesos de desarrollo y paz, han contribuido a prevenir los daños a nuestra vida e integridad. Y la Defensoría del Pueblo de la región también ha cumplido su papel en materia de protección de los derechos humanos.

CRISIS AMBIENTAL

La siembra y la preparación del terreno para el cultivo de la palma aceitera están avanzando en el predio de las Pavas, causando daños irreparables: están talando bosques que tienen más de 30 años; secan humedales que abastecen en agua y garantizan la vida silvestre, pesquería, recursos forestales, para obtener más terreno para ampliar las hectáreas de palma aceitera; contaminan con grandes cantidades de herbicidas, que a la postre terminan contaminando los pocos espejos de agua que se salvaron de ser secados.

ACCIONES DE DERECHOS Y COMISIONES DE VERIFICACIONES

Interpusimos una acción de tutela para proteger nuestros derechos al debido proceso, a la vida en condiciones de dignidad, al mínimo vital, al acceso a la propiedad y a la posesión de la tierra. Estamos a la espera de una decisión de la Corte Constitucional para amparar nuestros derechos.

La reconocida firma internacional de cosméticos The Body Shop enviará a nuestras tierras, en la Hacienda las Pavas, una Comisión de Verificación para comprobar la veracidad de nuestras denuncias y tomar acciones concretas, pues la empresa Daabon se ha beneficiado de las arbitrariedades y omisiones del Gobierno colombiano. Sin embargo desconfiamos de la imparcialidad y objetividad de tal comisión, pues será financiada precisamente por quienes nos han sacado de nuestras tierras, el poderoso grupo económico Daabon.

SOLICITAMOS

A las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, de iniciativas de paz, iglesias y de victimas colombianas e internacionales:

1. Exigir al Estado colombiano

a. A Acción Social, que reconozca nuestra situación de desplazamiento forzado y entregue la debida ayuda humanitaria;
b. Que garantice las condiciones de seguridad para que podamos retornar en condiciones de seguridad, voluntariedad y de dignidad;
c. A la Corte Constitucional y a la autoridad ambiental competente adoptar una medida cautelar que exija a las empresas palmeras el cese de las actividades agroindustriales en el predio, y detengan los daños ambientales irreparables que están causando;
d. A la Procuraduría General de la Nación que revise las actuaciones en nuestro caso del Alcalde, el Inspector de Policía, la Fuerza Pública y demás funcionarios públicos del municipio El Peñón, del departamento de Bolívar y del nivel central, que tienen o tuvieron alguna relación con nuestro caso, para que se descubran las irregularidades y se impongan las sanciones y las reparaciones correspondientes;
e. Que el INCODER agilice el trámite de extinción de dominio de la Hacienda Las Pavas, para que por fin se nos regresen nuestras tierras.

2. Participar en la creación de una comisión de verificación independiente que ayude a sacar a la luz la verdad y contrarrestar las manipulaciones de los grandes poderes económicos en nuestro caso.

3. Visitar nuestra comunidad e impulsar un acompañamiento internacional permanente.

Finalmente, invitamos a las comunidades mestizas, a los pueblos afrocolombianos y a los pueblos indígenas que han sido afectados por estos agronegocios a que apoyen nuestra solicitud de protección y amparo de nuestros legítimos derechos.

Asociación de Campesinos del Corregimiento de Buenos Aires “ASOCAB”
Campaña Prohibido Olvidar
Censat Agua Viva- Amigos de la tierra internacional
Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar
Corporación Sembrar
Corporación Utopia
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Grupo Semillas
Federación Agrominera del Sur de Bolívar
Movimiento por la defensa del Río Sogamoso
PCN
Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
Swiss Aid
Nomadesc.

Solicitamos que sus mensajes de apoyo sean enviados a ASOCAB (asocab2009@hotmail.com), con copia a los siguientes funcionarios:

Dr. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República. Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: +57.1.566.20.71 E-mail: auribe@presidencuia.gov.co.

Dr. Francisco Santos, Vicepresidente de la república, Tels: +571334.45.07, +5737720130, E-mail: fsantos@presidencia.gov.co; buzon1@presidencia.gov.co

Dr. Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación, Carrera 5 No. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1)342.97.23; E-mail: reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co

Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail: cfranco@presidencia.gov.co.

Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz. Defensor del Pueblo, Calle 55 No. 10-32 Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 640 04 91 E-mail:secretaria_privada@hotmail.com